El término soberanía ha sido definido de diversas formas
por la literatura política, pero preferimos la que dice que “es el
poder de autodeterminación del Estado”.- Obviamente que en un mundo globalizado en el sentido más amplio
del término, donde las relaciones bilaterales y multilaterales priman sobre los
intereses particulares de cada estado, dicha autodeterminación implica contar
con la flexibilidad necesaria para hacer viable, precisamente la soberanía
política en el marco de bloques de unidad ideológica, donde el límite está dado
por el principio de la autodeterminación de los pueblos.- Esto es lo ocurrido en la última reunión de la
Celac donde 33 países de América Latina y el Caribe,
es decir toda América completa -sin Estados Unidos y Canadá- se reunieron y a
pesar de sus diferencias buscaron la unión en aquellas luchas históricas que
nos unen, marcando una voluntad y una decisión enorme de avanzar en un mismo
sentido y destino común, propio del ideario de los próceres de América.
Ahora bien, en el orden local de cada estado se debe ver
reflejado este ideario a fin de fortalecer su propia soberanía.- En tal sentido
la implementación de las recientes medidas
cambiarias recuperó la soberanía estatal sobre el mercado de divisas,
sin restringir normativamente las operaciones, pero controlando el origen
lícito de los fondos. La primera medida que se ha tomado está vinculada con la
obligación para las hidrocarburíferas y mineras de liquidar el ciento por
ciento de las divisas de sus exportaciones, una excepción injustificable que se
originó en los noventa; ésta es una medida que desde tiempo atrás se venía
reclamado por parte de miembros de Carta Abierta.-
El decreto 1.772, firmado por Cristina Fernández de
Kirchner, vuelve a instalar la obligatoriedad de la liquidación de divisas para
todas las exportaciones, que había sido establecida el 10 de abril de 1964, por
Decreto del entonces presidente Arturo Illia, y
que en 1991, por otro decreto de Carlos Menem y Domingo Cavallo, se redujo
al 35%, pudiéndose llevar 75% de los dólares provenientes de sus exportaciones.
En el caso de las mineras no tenían obligación de liquidar monto alguno, y
podían transferir a sus centrales en el exterior el ciento por ciento de las
divisas que generan.-
No caben dudas que lo que determinó tal franquicia fueron
las ideas del Consenso de Washington y la férrea adscripción del gobierno de
Menem al neoliberalismo, que instaló un “pacto de estabilidad fiscal” a las
mineras a través de la ley 24.196, de mayo de 1993.- Seguramente estas medidas
habrán de ser cuestionadas por las empresas en los Tribunales que le son
generalmente adeptos y propensos a fallar en contra de los estados
latinoamericanos.
Estas beneficiosa exenciones, significaron verdaderas
sangrías al patrimonio de los países y en especial al nuestro por miles de
millones de dólares, que no sólo están representados por las divisas no
liquidadas en nuestro país, sino también por la ausencia de control que
significaba la imposibilidad de conocer con exactitud el monto transferido.- Pero
analizando estos datos, no aparece la medida como una mera decisión para
obtener más reservas, sino para subsanar una excepción injustificable que
poseían dos actividades extractivas, en especial la minera. El decreto corrige
una inequidad, ya que no existían razones para un tratamiento diferencial
respecto de las otras exportaciones, cuando, precisamente, son exportaciones
mucho más valiosas porque indican la pérdida por ventas al exterior de recursos
naturales no renovables, y cuya actividad, además, produce un deterioro
ambiental muy fuerte.
Sin embargo, estas empresas están gozando de ganancias
excepcionales, derivadas del fuerte aumento de los precios de esas materias
primas en el exterior, en especial del oro, para cuya extracción no efectuaron
más y mejores inversiones, puesto que los incrementos del citado metal (al
igual que la plata) derivan de una situación externa a las condiciones de las
explotaciones. De allí que, al igual que sucedió con las retenciones a los
granos y oleaginosas, cabía hacerlo con estos sectores injustamente
beneficiados. Incluso, quedan por rever muchos otros beneficios de los que aún
gozan las actividades hidrocarburíferas y mineras.
Otra medida ordenada en el mismo sentido, como parte de las
políticas soberanas adoptadas en materia monetaria, está dada porque también deberán
liquidarse en el mercado local las divisas provenientes de las operaciones de
venta de empresas argentinas a extranjeros y por una medida legal de la Superintendencia
de Seguros, las aseguradoras tendrán que transferir la totalidad de sus
inversiones y disponibilidades que poseen en el exterior a nuestro país, en un
lapso de cincuenta días.
De modo que, es una mirada minúscula y de absoluta falta de
sinceridad, la dada a conocer por los multimedios, que –en general- ocultaron o
no le dieron la debida publicidad a las medidas hasta aquí comentadas y sólo
las limitaron a aquellas que se tomaron respecto a la venta de divisas en los
Bancos y casa de cambio, destinadas a transparentar las operaciones, y
verificar su origen genuino, evitando que compras de dólares en el mercado
oficial abastezcan el mercado negro.- En tal sentido también se obligó a los
grandes operadores en el mercado de contado (mecanismo de salida legal de
capitales), a justificar la liquidez suficiente para realizar las operaciones.
Hoy ya no se habla de esto, pues el mercado cambiario se ha ido aquietando a
medida que desaparecieron las operaciones especulativas, el monto de
transacciones diarias ha bajado significativamente y los retiros comenzaron a
disminuir sensiblemente.
De todos modos, la memoria colectiva instalada en el
subconsciente de los argentino vinculadas al peligro de corridas cambiarias, y
maliciosamente azuzada por los medios neoliberales (y, gracias Dios, cada vez
más menos monopólicos), no puede dejar de tener en cuenta que hoy la situación
es totalmente diferente a la de los años noventa, en tanto los depósitos en
dólares del sector privado rondan los trece mil millones de dólares, mientras
que las Reservas Internacionales del BCRA fluctúan en los 46 mil millones de
dólares.
Esto llevo también a un aumento desmedido de las tasas
activas y pasivas de interés, de allí la necesidad urgente de que se trate el
Proyecto de Ley de Servicios financieros para que la banca esté al servicio de
los intereses nacionales y de los usuarios del crédito.- La no convalidación de
altas tasas de interés sobre los grandes depósitos por parte de los bancos
privados más importantes, ayudaría a la reducción de las tasas.
Otra decisión relevante de nuestros días es la reasignación de los subsidios al agua,
gas y electricidad; se ha comenzado por quitar el ciento por ciento de
los subsidios a sectores y grandes empresas con ingente rentabilidad, así como
a usuarios domiciliarios de alta renta.- Estas medidas en sectores neoliberales
fueron recibidas como un “ajuste” y por eso en un primer momento las apoyaron divulgando
ese concepto erróneo. No es así, se persigue una reducción para hacer más
eficientes los mismos, de forma tal de utilizar los recursos liberados para el
fortalecimiento de otras políticas de fomento.
De allí que de las medidas tomadas sobre los subsidios
pueden resaltarse varias cuestiones positivas. La primera que se continúa
quitando los subsidios a las grandes empresas de sectores de altas ganancias,
la segunda que se han excluido a las PyMes
de la quita de subsidios, admitiendo su menor capacidad contributiva y el
aporte al empleo que realizan. Tercero, por su parte, lo usos domiciliarios deben
explicar si necesitan ser subsidiados. O
sea el subsidio se personaliza, y es una forma mucho más eficiente de otorgarlo,
puesto que durante muchos años ciertos sectores de altos ingresos, no sólo
consumían, sino en muchos casos malgastaban o dilapidaban recursos finitos
(agua, luz, gas, etc.) dado su bajo
costo, impidiendo que se pudieran llevar servicios a sectores de bajos ingresos.
Así estas medidas permitirán, por ejemplo, subsidiar más ecuánimemente y abaratar
significativamente el consumo de garrafas de gas, que es un consumo principal
para las personas de menores ingresos. De todos modos, como ha señalado la
propia Presidenta, llegó la hora de hacer “sintonía fina”, es decir en el caso
de los subsidios y sus limitaciones, debe avanzarse cuidadosamente para su
correcta reasignación, para que el proceso se realice en forma eficiente.
Desde Carta abierta sabemos que todas estas medidas ayudan
a profundizar el modelo de crecimiento con una mejor distribución del ingreso.
*Ricardo
Víctor CHELI
