Remitimos el programa conmemorativo del bicentenario argentino que tendrá lugar los días 17 y 20 de mayo en París.
viernes, 23 de abril de 2010
martes, 20 de abril de 2010
¿Quienes son los Jueces mendocinos que a pedido del diputado Thomas dejaron en suspenso la Ley de Medios de la democracia?[1]
Son Otilio Romano, Alfredo López Cuitiño y Julio Petra. Con este fallo se repone la Ley de Medios de la dictadura.
Ahora usted sabrá por que razón estos Jueces defienden la ley de medios de la dictadura:
(1) Otilio Romano: Juró por las actas del Proceso de Reorganización Nacional y no por la Constitución Nacional. Participó activamente tomando declaraciones a detenidos políticos durante la última dictadura, fue denunciado en Diciembre de 2009, existen varios expedientes sobre su actuación represiva durante el proceso. Tiene pedido de juicio político ante el Consejo de la Magistratura
(2) Luis Miret: Juró por las actas del Proceso de Reorganización Nacional y no por la Constitución Nacional. También fue denunciado en diciembre del 2009 por su participación en la última dictadura. Tiene pedido de juicio político ante el Consejo de la Magistratura
Se tomaron como ejemplo cuatro expedientes en los que ambos actuaron tomando declaraciones a los detenidos que denunciaron las torturas que sufrían. Los magistrados, según la denuncia, no tomaron acciones para impedirlas o castigarlas.
En uno de esos casos figura la detención de una menor de edad sobre la cual Miret ordenó en principio su liberación, pero, a la media hora, eliminó esa orden, agregando la incomunicación. Si bien esa chica hoy ya es una mujer, aún no puede olvidar que la torturaron y ultrajaron sexualmente mientras se encontraba detenida, en la denuncia figuran también testimonios de otros detenidos quienes aseguraron que escucharon los gritos de la víctima pidiendo que no le hicieran nada.
(3) Lopez Cuitiño: Fue denunciado por haber fallado a favor de que ninguno de los represores detenidos en Mendoza esperara su juicio en una prisión común, sino que todos fueron liberados o puestos bajo arresto domiciliario bajo la presunción de que no se iban a fugar.
Junto a Julio Petra dejaron libres a los últimos represores presos en el año 2008. Durante el menemismo, estuvo a cargo del Registro Nacional de las Personas, ahí firmó uno de los documentos que otorgó la ciudadanía Argentina al traficante de armas Monser Al Kassar (Trámite que duró menos de 30 días), su jefe, era el entonces Ministro del Interior José Luis Manzano, hoy socio de Daniel Vila en el Grupo UNO, el segundo multimedios más grande del país. Tiene pedido de juicio político ante el Consejo de la Magistratura
(4) Julio Petra: Fue denunciado por haber fallado a favor de que ninguno de los represores detenidos en Mendoza esperara su juicio en una prisión común, sino que todos fueron liberados o puestos bajo arresto domiciliario bajo la presunción de que no se iban a fugar.
Junto a Alfredo López Cuitiño dejaron libres a los últimos represores presos en el año 2008.
(5) Walter Bento: ha sido objeto de diversas críticas por parte de los organismos de Derechos Humanos, y cuya actuación derivó en que la Nación instalara en Mendoza una fiscalía especial para causas de lesa humanidad, que conduce el ex juez de Instrucción de la provincia Omar Palermo, quien le responde directamente al Fiscal general, Jorge Auad.
(6) Olga Pura de Arrabal: Tiene una larga amistad personal con Otilio Romano, mediante una medida cautelar, dispuso la suspensión de la aplicación de la Ley de Comunicación y Servicios Audiovisuales. Esa medida había sido apelada en febrero por el Gobierno nacional.
Según publicó el diario Clarín, con fecha 25/03/2010:
La Cámara Federal de Mendoza confirmó este jueves un fallo de primera instancia de la jueza Olga Pura de Arrabal que, mediante una medida cautelar, dispuso la suspensión de la aplicación de la Ley de Comunicación y Servicios Audiovisuales. Esa medida había sido apelada en febrero por el Gobierno nacional
Los camaristas Otilio Roque Romano, Alfredo López Cuitiño y Julio Demetrio Petra dictaminaron que, "le asistió razón a la señora juez de grado cuando, como fundamento central de la medida de cautela dictada, concluyó que al señor diputado nacional accionante en estos autos efectivamente se le habían violado sus fueros parlamentarios y fue privado de ejercer el derecho-deber de intervención como legislador en el trámite de sanción de la ley 26.522 de servicios de comunicación audiovisuales, lo que conlleva la violación de derechos constitucionales que la asisten como representante del pueblo".
Se comenta que en los tribunales orales, hay malestar debido a que no han podido realizar ningún debate por delitos de lesa humanidad, cuando en la mayoría de las provincias se han hecho, incluso en San Luis.
La razón de que estos juicios no se hayan producido, según explican fuentes que conocen la interna muy de cerca, es la estrategia que ha tomado la Defensoría Pública, es decir, los abogados de oficio de los represores.
La idea de estos sería demorar el comienzo de los juicios a través de la presentación de recursos en la Cámara de Casación.
Pero la medida no sería, según las fuentes, solamente para impedir que los represores sean juzgados, sino también para evitar que salgan a la luz algunos nombres de importantes funcionarios judiciales durante el debate, en el que se mostrarán expedientes con firmas de conocidos magistrados.
Es ahí que aparece un nombre que no es muy conocido fuera de los ámbitos judiciales: Verónica Romano.
Esta abogada, egresada de la Universidad de Mendoza, es hija de Otilio Romano y es secretaria de una Defensoría Pública.
A ella, junto a los otros defensores públicos, se le atribuye la estrategia de hacer posible la demora de los juicios.
En ese sentido, en los pasillos de los tribunales federales se habla de que no quieren que aparezcan nombres como el de Otilio Romano o Luis Miret en el juicio, principalmente porque un debate como el que debía comenzar el 11 de marzo atrae mucha atención de la sociedad y de los medios de comunicación y todos ellos podrían ver en pantalla gigante las firmas de ambos funcionarios judiciales en expedientes relacionados a causas en que figuran torturas y desapariciones.
[1] Artículo desarrollado por Jorge Tribo, de la Ciudad de Mar del Plata
Ahora usted sabrá por que razón estos Jueces defienden la ley de medios de la dictadura:
(1) Otilio Romano: Juró por las actas del Proceso de Reorganización Nacional y no por la Constitución Nacional. Participó activamente tomando declaraciones a detenidos políticos durante la última dictadura, fue denunciado en Diciembre de 2009, existen varios expedientes sobre su actuación represiva durante el proceso. Tiene pedido de juicio político ante el Consejo de la Magistratura
(2) Luis Miret: Juró por las actas del Proceso de Reorganización Nacional y no por la Constitución Nacional. También fue denunciado en diciembre del 2009 por su participación en la última dictadura. Tiene pedido de juicio político ante el Consejo de la Magistratura
Se tomaron como ejemplo cuatro expedientes en los que ambos actuaron tomando declaraciones a los detenidos que denunciaron las torturas que sufrían. Los magistrados, según la denuncia, no tomaron acciones para impedirlas o castigarlas.
En uno de esos casos figura la detención de una menor de edad sobre la cual Miret ordenó en principio su liberación, pero, a la media hora, eliminó esa orden, agregando la incomunicación. Si bien esa chica hoy ya es una mujer, aún no puede olvidar que la torturaron y ultrajaron sexualmente mientras se encontraba detenida, en la denuncia figuran también testimonios de otros detenidos quienes aseguraron que escucharon los gritos de la víctima pidiendo que no le hicieran nada.
(3) Lopez Cuitiño: Fue denunciado por haber fallado a favor de que ninguno de los represores detenidos en Mendoza esperara su juicio en una prisión común, sino que todos fueron liberados o puestos bajo arresto domiciliario bajo la presunción de que no se iban a fugar.
Junto a Julio Petra dejaron libres a los últimos represores presos en el año 2008. Durante el menemismo, estuvo a cargo del Registro Nacional de las Personas, ahí firmó uno de los documentos que otorgó la ciudadanía Argentina al traficante de armas Monser Al Kassar (Trámite que duró menos de 30 días), su jefe, era el entonces Ministro del Interior José Luis Manzano, hoy socio de Daniel Vila en el Grupo UNO, el segundo multimedios más grande del país. Tiene pedido de juicio político ante el Consejo de la Magistratura
(4) Julio Petra: Fue denunciado por haber fallado a favor de que ninguno de los represores detenidos en Mendoza esperara su juicio en una prisión común, sino que todos fueron liberados o puestos bajo arresto domiciliario bajo la presunción de que no se iban a fugar.
Junto a Alfredo López Cuitiño dejaron libres a los últimos represores presos en el año 2008.
(5) Walter Bento: ha sido objeto de diversas críticas por parte de los organismos de Derechos Humanos, y cuya actuación derivó en que la Nación instalara en Mendoza una fiscalía especial para causas de lesa humanidad, que conduce el ex juez de Instrucción de la provincia Omar Palermo, quien le responde directamente al Fiscal general, Jorge Auad.
(6) Olga Pura de Arrabal: Tiene una larga amistad personal con Otilio Romano, mediante una medida cautelar, dispuso la suspensión de la aplicación de la Ley de Comunicación y Servicios Audiovisuales. Esa medida había sido apelada en febrero por el Gobierno nacional.
Según publicó el diario Clarín, con fecha 25/03/2010:
La Cámara Federal de Mendoza confirmó este jueves un fallo de primera instancia de la jueza Olga Pura de Arrabal que, mediante una medida cautelar, dispuso la suspensión de la aplicación de la Ley de Comunicación y Servicios Audiovisuales. Esa medida había sido apelada en febrero por el Gobierno nacional
Los camaristas Otilio Roque Romano, Alfredo López Cuitiño y Julio Demetrio Petra dictaminaron que, "le asistió razón a la señora juez de grado cuando, como fundamento central de la medida de cautela dictada, concluyó que al señor diputado nacional accionante en estos autos efectivamente se le habían violado sus fueros parlamentarios y fue privado de ejercer el derecho-deber de intervención como legislador en el trámite de sanción de la ley 26.522 de servicios de comunicación audiovisuales, lo que conlleva la violación de derechos constitucionales que la asisten como representante del pueblo".
Se comenta que en los tribunales orales, hay malestar debido a que no han podido realizar ningún debate por delitos de lesa humanidad, cuando en la mayoría de las provincias se han hecho, incluso en San Luis.
La razón de que estos juicios no se hayan producido, según explican fuentes que conocen la interna muy de cerca, es la estrategia que ha tomado la Defensoría Pública, es decir, los abogados de oficio de los represores.
La idea de estos sería demorar el comienzo de los juicios a través de la presentación de recursos en la Cámara de Casación.
Pero la medida no sería, según las fuentes, solamente para impedir que los represores sean juzgados, sino también para evitar que salgan a la luz algunos nombres de importantes funcionarios judiciales durante el debate, en el que se mostrarán expedientes con firmas de conocidos magistrados.
Es ahí que aparece un nombre que no es muy conocido fuera de los ámbitos judiciales: Verónica Romano.
Esta abogada, egresada de la Universidad de Mendoza, es hija de Otilio Romano y es secretaria de una Defensoría Pública.
A ella, junto a los otros defensores públicos, se le atribuye la estrategia de hacer posible la demora de los juicios.
En ese sentido, en los pasillos de los tribunales federales se habla de que no quieren que aparezcan nombres como el de Otilio Romano o Luis Miret en el juicio, principalmente porque un debate como el que debía comenzar el 11 de marzo atrae mucha atención de la sociedad y de los medios de comunicación y todos ellos podrían ver en pantalla gigante las firmas de ambos funcionarios judiciales en expedientes relacionados a causas en que figuran torturas y desapariciones.
[1] Artículo desarrollado por Jorge Tribo, de la Ciudad de Mar del Plata
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