viernes, 23 de marzo de 2012

DECLARACIÓN POR LA MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA (24/03/2012)





Organizaciones K y del Movimiento Nacional y Popular

En este Día de la memoria, por la verdad y la justicia, queremos recordar que el proyecto nacional y popular además del ejercicio del poder que le otorga el voto popular para conducir el Estado y, por lo tanto, el destino de los argentinos, también se ha convertido en un espacio de reflexión, debate y acción.

La Presidencia del compañero Néstor Kirchner asumió el compromiso de convertir en una política de Estado la defensa de los Derechos Humanos y, en consecuencia, cimentó los pilares para que los responsables de la última dictadura cívico-militar fueran juzgados por los delitos de lesa humanidad.

Con el respaldo de organismos de derechos humanos, Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, HIJOS, organizaciones políticas, y una gran parte del pueblo argentino, Cristina Fernández también tomó decisiones que consolidaron la tendencia de Memoria, Verdad y Justicia.

El Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Dr. Eduardo Duhalde, señaló que “esta política se ha llevado a cabo en la Argentina mediante rigurosos respetos al imperio de la ley a través de sus jueces naturales, sin tribunales internacionales ni especiales, con la aplicación del Código Penal que rige para todos los ciudadanos argentinos y con procesos orales y públicos con todas las garantías del debido proceso legal”. Cabe mencionar que a diciembre de 2011, cuando se hizo el último relevamiento de la Unidad Fiscal, existían en el país 267 condenados por delitos de lesa humanidad. Este ejemplo de lucha contra la impunidad ha cundido en varios países de América Latina y el mundo.

En nuestra provincia se han impulsado los juicios contra el terrorismo de Estado, y en el año 2010 el Tribunal Oral Federal de Santa Rosa dictó sentencia condenando a nueve represores entre militares y policías, de la denominada Subzona 14. Así el pueblo de La Pampa supo que nuestra Provincia no fue una isla, que aquí como en el resto del país se secuestró, se torturó y se violaron los derechos fundamentales de cientos de pampeanos.

Estos juicios tienen un protagonista principal, los testigos, que con sus testimonios que los hacen revivir dolorosamente lo sufrido como víctimas, han logrado que la Justicia pueda tipificar los delitos por lo que son condenados los represores.

Uno de los máximos responsables de estos crímenes, el entonces Mayor Baraldini ―que estaba prófugo de la Justicia― fue recientemente detenido y expulsado de Bolivia. Hoy Baraldini se encuentra encarcelado y tendrá que responder ante la Justicia. Además en estos días se lleva adelante la Causa 615/10 ―que se encuentra en su etapa de investigación judicial―, donde están imputados más de treinta militares, policías y médicos por delitos de lesa humanidad.

El desafío de aquí en adelante es doble: por un parte, hay que agilizar los juicios para que a los responsables del genocidio, la destrucción y el saqueo ―sean éstos integrantes del Poder Judicial, civiles, funcionarios de la dictadura con responsabilidades en estos crímenes, o los que incurriendo en delitos de lesa humanidad se beneficiaron económicamente durante el terrorismo de Estado― se los juzgue. Y por otra parte, hay que seguir avanzando en la profundización del modelo con una política económica y social orientada a la inclusión y la justicia social, que alcance a la mayoría de los argentinos en el acceso a la salud, el trabajo, la educación y la vivienda.

Aquí, en este Monumento del Paseo de la Memoria, están inscriptos los nombres de aquellos pampeanos que fueran asesinados y desaparecidos por el terrorismo de Estado. Hoy estamos rindiéndoles el homenaje que se merecen a todos aquellos que enfrentaron las dictaduras y lucharon por una sociedad más justa, libre y digna.

El proyecto nacional y popular en marcha desde 2003, que hoy conduce la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández, es la mejor garantía para proseguir el camino de memoria, verdad, y justicia; a la vez que construir una Patria para todos.

Por la Memoria, la Verdad, y la Justicia; por una Patria Justa, Libre y Soberana, decimos: ¡30 mil compañeros detenidos desaparecidos…! ¡PRESENTES! ¡Ahora, y siempre!.



JP de los ‘70  l  Frente Transversal  l  Descamisados  l  Movimiento Evita

Kolina  l  La Cámpora  l  Peronismo K  l  Carta Abierta - La Pampa

Peronismo Militante  l  CANPO  l  Mujeres K

miércoles, 21 de marzo de 2012

El Falcon verde [1]


Cuando se habla de dictadura cívico militar, consecuencia del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, es porque hubo una alianza entre empresarios y militares. La dictadura y el plan económico implementado por Martínez de Hoz, llevó a que la cúpula empresarial ocupase un lugar central tanto en lo económico como en lo social.

En este lugar central encontramos a empresarios de Acindar, Astarsa, Dálmine Siderca, Ford, Ledesma y Mercedes Benz, Clarín, La Nación…

Un caso paradigmático fue el de la fábrica Ford de Pacheco entre marzo y mayo de 1976; de los 200 delegados hubo 25 secuestrados, algunos llevados de su casa y otros de la fábrica. Por declaraciones de los delegados que no fueron muertos, comentaron que las autoridades de la fábrica proporcionaban a los militares camionetas F100 para llevar adelante los operativos, pero no sólo se limitaron a esto y a proporcionar la lista de nombres de personas, sino también los carnets con las fotos de los trabajadores, con el objetivo de utilizarlos para la correcta identificación de sus detenidos.

Los militares actuaban a pedido de Galarraga, gerente de Relaciones Institucionales. , que meses antes de la caída del gobierno de Isabel Martínez de Perón, ante un reclamo laboral dijo textualmente a los sindicalistas: "Yo con ustedes no discuto más, y a partir de ahora denle mis saludos a Camps". Esto demuestra como ya se iba gestando el golpe del 24 de marzo y de que forma los empresarios estimulaban esto. Para los empleados, los responsables son Nicolás Enrique Courard, presidente y representante legal de la compañía Ford Motor Argentina SA; Pedro Muller, gerente de manufactura; Guillermo Galárraga, a cargo de la gerencia de Relaciones Industriales, y Héctor Francisco Sibilla, jefe de seguridad de la planta Pacheco que fue ascendido el 26 de julio de 1978, luego de los secuestros de obreros, al rango de teniente coronel. Sibilla una vez que se retiró del ejército fue contratado durante un tiempo por la Embajada de Estados Unidos

Esta probado judicialmente, que las fuerzas militares fueron autorizadas por los jefes de la planta a instalar en el campo de deportes de la planta de Pacheco una dependencia militar donde funcionó un centro clandestino de detención, muchos de los obreros secuestrados fueron llevados allí y torturados. El objetivo era deshacerse del personal “subversivo”, que para la empresa eran los más conflictivos de la fábrica y para sus compañeros luchaban por mejorar las condiciones laborales.


[1] Noemí Olivera