El gobierno de Alfonsín, debido a los años vividos de destrucción del Estado, debió afrontar muchos problemas:
• la consolidación de la democracia en todos los ámbitos de la sociedad
• la relación con las Fuerzas Armadas.
La vuelta a la democracia colocó a gran parte de la ciudadanía en un estado de euforia, y la ilusión que la democracia por si sola resolvería los problemas económicos y sociales imponiéndose pacíficamente a los poderosos intereses establecidos que se le oponían.
Un discurso memorable de Raúl Alfonsín lo demuestra:
"Con la democracia se educa, con la democracia se cura, y con la democracia se come, no necesitamos más que nos dejen de mandonear, que nos dejen de manejar la patria financiera, que nos dejen de manejar las minorías inescrupulosas que por falta de votos buscan las botas para manejar al pueblo argentino"
A través del tiempo se puede hacer un análisis del momento. Alfonsín y los integrantes del gobierno consideraron que los problemas económicos eran menos significativos que los políticos: lo fundamental era eliminar el autoritarismo y encontrar los modos auténticos de representación de la voluntad ciudadana para lo cual:
• Se propendió a la libertad de expresión, a la libertad de opinión, se buscó una sociedad de participación, en definitiva el pluralismo.
• Se realizó un programa de alfabetización masiva, el congreso pedagógico, la eliminación de la censura en las actividades artísticas.
• Hubo profundas transformaciones en la universidad y en el sistema científico.
• Volvieron los intelectuales del exilio ocupando los medios de comunicación y se los empleó como asesores o funcionarios técnicos.
• Se promovió la ley de divorcio vincular y la patria potestad compartida.
El 15 de diciembre de 1983 Alfonsín sancionó los decretos 157/83 y 158/83. Por el primero se ordenaba enjuiciar a los dirigentes de las organizaciones guerrilleras ERP y Montoneros; por el segundo se ordenaba procesar a las tres juntas militares que dirigieron el país desde el golpe militar del 24 de marzo de 1976 hasta la Guerra de las Malvinas.
Ese mismo día creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), integrada por personalidades independientes como Ernesto Sabato, Magdalena Ruiz Guiñazú, Graciela Fernández Meijide, entre otros, con la misión de relevar, documentar y registrar casos y pruebas de violaciones de derechos humanos, para fundar el juicio a las juntas militares.
El 20 de septiembre de 1984 la CONADEP produjo su conocido informe titulado Nunca Más y concurre a entregarlo al presidente Alfonsín acompañado de una multitud de 70.000 personas.
El 4 de octubre de 1984 la Cámara Federal, un tribunal civil, toma la decisión de desplazar al tribunal militar que estaba enjuiciando a las juntas para hacerse cargo directamente del juicio. Los fiscales fueron Julio César Strassera y Luis Gabriel Moreno Ocampo. El juicio se realizó entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985. Se trataron 281 casos.
El 9 de diciembre 1985 se dictó la sentencia condenando a Jorge Rafael Videla y Eduardo Massera a reclusión perpetua, a Roberto Viola a 17 años de prisión, a Armando Lambruschini a 8 años de prisión y a Orlando Ramón Agosti a 4 años de prisión. Por las características que tuvo, la condena a las juntas militares realizada por un gobierno democrático constituyó un hecho sin precedentes en el mundo, que contrastó fuertemente con las transiciones negociadas que tuvieron lugar en aquellos años en otro países donde hubieron dictaduras como Uruguay, Chile, Brasil y España.
Las Fuerzas Armadas que se negaban a aceptar el enjuiciamiento por violaciones a los derechos humanos, por lo cual 1986 Alfonsín debió intervenir personalmente para que el Congreso sancionara la Ley de Punto Final imponiendo un plazo de 60 días para procesar a acusados de delitos de lesa humanidad cometidos durante el gobierno militar.
La Ley de Punto Final no fue suficiente y en la Semana Santa de 1987 se produjo una gran rebelión militar compuesta mayoritariamente por jóvenes oficiales que se denominaron “carapintadas” dirigidos por el teniente coronel Aldo Rico y el levantamiento de Corrientes. Estos levantamientos lo empujaron a imponer las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, provocando un retroceso en materia de derechos humanos. Estas leyes fueron objetos de fuertes cuestionamientos por parte de las organizaciones de derechos humanos, el movimiento estudiantil y las fuerzas políticas progresistas, incluidos sectores internos del radicalismo como la Juventud Radical y su brazo universitario Franja Morada.
Alfonsín tuvo logros desde los aspectos económicos pero no pudo avanzar en desarticular el modelo neoliberal implantado por la dictadura y soportó el asedio de los grandes grupos económicos y, en el límite, declaró la “economía de guerra”.
Pero aquel 10 de diciembre de hace 30 años, se cerraba el largo silencio impuesto por la dictadura y se abría la puerta a la esperanza, en lo simbólico, a la recomposición del sistema político y a una nueva manera de vivir y de pensar, de respirar y de andar, de proyectar y de participar.
Y Charly García cantaba junto con el pueblo “Los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer”.
(1) Noemí S. Olivera
