Desde hace pocas semanas atrás los grandes diarios multimediáticos desde sus titulares y desde los canales de televisión que manejan, en especial en los noticieros y programas políticos, pretenden generar preocupación en los argentinos hablando del avance del Gobierno en una supuesta ‘estatización’ de empresas privadas.- Más allá de lo bueno o malo que resultaría tal tipo de medidas, más concretamente, la decisión de nacionalizar algunas empresas para proteger sectores muy sensibles de la producción (combustibles, transportes, energía, etc.), no es eso lo que comentamos.- Todo comenzó cuando un decreto del poder Ejecutivo eliminó el tope de participación que tenía el Estado en los directorios de las empresas privadas y estableció que el ANSeS desde ahora puede colocar tantos representantes en las compañías como lo permita la proporción de su tenencia accionaria. A través del Decreto de Necesidad y Urgencia, el representante estatal pasará a tener voz y voto en las decisiones de los accionistas privados. Entre las empresas en que se pueden sumar más representantes, hay petroleras, gasíferas, eléctricas, bancos, compañías de alimentos, de indumentaria, de comunicación y de transporte.
Dicha medida procura, como es lógico suponer, aunque los medios de prensa lo oculten, es -entre otros objetivos estratégicos del Estado-:
b)-redireccionar el crédito hacia las PYMES;
c)-Frenar la extranjerización de las empresas nacionales y,
d)-Apuntalar las inversiones en áreas estratégicas.-
A ello se agrega como acción complementaria, la necesidad de poner la lupa en los balances de tales empresas, que muchas veces perjudican la recaudación y los aportes a la Seguridad Social. Es claro y evidente que a los dueños de las empresas más grandes les gusta que el Estado ponga plata para favorecer sus negocios, pero no aceptan que se les pida ver sus cuentas. La AEA y la UIA cuestionaron el avance de la participación estatal. Distinta fue la reacción de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios –APYME- y de los titulares de los Directorios de algunos Bancos, quienes expresaron que la presencia del Estado en esas empresas debe garantizar el control de gestión, sostener la reinversión de utilidades en el país y vigilar la formación de precios. La pregunta que se nos ocurre entonces, no es muy singular, porque se cae de madura: ¿Qué tienen escondido estos empresarios que quieren ocultar?
[1] Ricardo CHELI
