El Máximo Tribunal exhortó a las provincias y a la Ciudad a dictar protocolos tras su resonante fallo sobre el aborto no punible, hubo adhesiones, negativas y silencios cómplices con posturas dogmáticas de las gobernaciones.-
Hace dos semanas, la Corte Suprema dictó un fallo en el que determinó la no punición del aborto producto de una violación, aclarando los alcances del artículo 86 del Código Penal, y eximió del requisito de autorización judicial previa a las mujeres que solicitaran la realización de esta práctica médica. El Alto Tribunal también
exhortó a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires
a que tomen medidas al respecto.
Las
adhesiones a la decisión de la Corte llegaron de la mano de las autoridades de Santa Fe, Tierra del Fuego, Formosa, Misiones, Buenos Aires y La Rioja, entre otras provincias. En algunos casos hubo un "no" rotundo, que luego se morigeró ante las críticas de algunos sectores de la sociedad, como en el caso de
La Pampa y Salta. En otros supuestos, la no adhesión al fallo de la Corte se mantuvo firme, como ocurrió con Mendoza y Neuquén. Al respecto, el especialista y profesor de Derechos Humanos Fernando Sotelo indica que las negativas a aplicar el fallo o a reglamentarlo son, más bien, “reacciones tendientes a satisfacer a cierta porción del electorado que decisiones racionales”.- Sin embargo, además de los no y los sí expresos, un gran número de provincias
–Córdoba, Tucumán, Catamarca, y otras- y la Ciudad de Buenos Aires no cuentan aún con una declaración oficial de las autoridades con relación a lo decidido recientemente por el Alto Tribunal de la Nación.
La sentencia de la Corte interpreta el artículo 86 del Código Penal “entendiendo que el aborto nunca es punible si se lo practica en casos en que el embarazo provenga de una violación”, explica Sotelo, y “esta interpretación de la norma será plausiblemente aplicada por cualquier tribunal del país, independientemente de lo que digan las demás autoridades”. - No obstante, Fernando Sotelo destaca que las reacciones habidas tras el fallo son “auspiciosas”, pues es probable que “habiliten una práctica poco usada en nuestro país, que es el pan y el agua de la democracia, es decir, el debate público”. El especialista también recuerda que la decisión del aborto “es terrible para una mujer” y que “en tales circunstancias, dejarla sola y criminalizarla no parece una solución, sino más bien una aberración”.
En el debate público se tendrá que ir “más allá del caso del caso de los abortos por violaciones” para llegar “a dos aspectos centrales, a saber: a) el legítimo e inalienable derecho de la mujer a disponer de su propio cuerpo, y b) cuál es el límite del Estado para interferir en cuestiones que hacen al ámbito de privacidad de la persona”, agrega el especialista en Derechos Humanos. Nosotros decimos que fundamentalmente es un problema de SALUD PÚBLICA y bajo ese prisma debe ser considerado, sino se errará el camino, que no es más que le método y, ni que hablar, del objeto de análisis.-
Asimismo, y en torno a la discusión sobre la denuncia penal como requisito ineludible y previo para la realización de un aborto, el Profesor de Derechos Humanos señala que “la violación se produce, entre otros casos, cuando la víctima es menor de 13 años, sin importar aquí si hubo consentimiento o no”, por lo que “si una niña menor de 13 años está embarazada, no parece haber duda de que estamos ante un caso de violación” y, además, agregamos nosotros, siempre ante una acción penal reservada a la instancia privada. Y nos preguntamos ¿Se debe auspiciar la doble victimización obligando a la mujer violada a hacer público su calvario y tormento?.-
Por otra parte, no cabe olvidar que ya en el año 2007, el Ministerio de Salud de la Nación presentó una Guía Técnica para la atención de abortos no punibles en casos de violación –para cualquier mujer- y en casos en que esté en riesgo la salud o la vida de la mujer. La Guía cuenta con la regulación de aspectos legales y también médicos en torno a la realización de estas prácticas.
Adhesiones, protocolos y otras medidas
Luego de dos semanas del dictado del fallo de la Corte sobre aborto no punible, ya son varias las provincias que han manifestado su
adhesión al criterio fijado en esa sentencia. Tal es el caso de
Santa Fe, donde
ya se han realizado 17 abortos no punibles en casos de violación en el 2011.
En esta provincia se aplica la Guía del Ministerio de Salud de la Nación, y se estaría evaluando la elaboración de un protocolo local.- Otra provincia que dijo sí fue Chubut. Recientemente, la Legislatura local sancionó una ley que, finalmente y pese a las presiones de algunos sectores sociales, el Gobernador Das Neves promulgó.
La norma prohíbe que se exija una autorización judicial previa y regula las intervenciones médicas para la interrupción de embarazos que sean producto de violaciones, o para casos de peligro para la vida o salud de la mujer.
El caso de
Salta es muy particular. En un comienzo, el Gobernador Juan Manuel Urtubey se negó a aplicar el fallo de la Corte en su jurisdicción, alegando que la sentencia sólo se refería a un caso particular y que los médicos salteños debían requerir una autorización judicial para poder practicar abortos. La misma postura tomó Enrique Heredia, Ministro de Salud local.- Sin embargo, luego de las críticas recibidas,
Urtubey dictó el decreto 1170/12 en el que instruyó a los Ministros de Salud Pública y Derechos Humanos para que regulen las prácticas de aborto no punible en embarazos producto de una violación. El reglamento prevé la regulación de la objeción de conciencia y dispone que para realizarse el aborto la mujer tendrá que presentar la denuncia penal o una declaración jurada realizada con la asistencia del Defensor Oficial o de Menores.- Entre tanto, la provincia de
Buenos Aires se manifestó a favor de los lineamientos fijados por la Corte. Esta jurisdicción cuenta
con un Protocolo de Aborto No Punible, desde el 2007, y el Ministro de Salud local, Alejandro Collia, sostuvo que se trabajará en dicho documento para actualizarlo.
La Rioja también
adhirió al fallo. El Ministerio de Salud local implementó un formulario de petición que fue distribuido en centros de salud -públicos y privados-. El Secretario de Salud, Elio Díaz Moreno, expresó a la prensa local que se prevé, además, el dictado de una ley que avale estas medidas. El funcionario aclaró que los médicos que no quieran practicar abortos podrán excusarse de hacerlo mediante una declaración pública.- Asimismo, Fabiana Ríos, Gobernadora de
Tierra del Fuego adhirió en forma expresa al fallo y sostuvo que el Ministerio de Salud de la provincia, en conjunto con hospitales públicos y profesionales locales, estaban trabajando para elaborar una normativa propia que garantice la adecuada realización de abortos no punibles a mujeres embarazadas tras una violación.- En
Formosa, la Directora de Prestaciones de Salud del Ministerio de Desarrollo Humano, Cristina Mirassou, se manifestó a favor del aborto no punible en casos de violación y sostuvo que
en esta provincia se aplicará la Guía Técnica del Ministerio de Salud de la Nación. La funcionaria también recalcó que se respetará la objeción de conciencia de los profesionales de la salud.
Misiones también se sumó al grupo de provincias adherentes, pues sus autoridades indicaron a medios locales que se está trabajando en la elaboración de un protocolo propio, mediante la readecuación de la Guía Técnica del Ministerio de Salud de la Nación, que exima a las mujeres del requisito de la autorización judicial previa. En particular, se prevé una regulación que garantice la privacidad de médicos y pacientes que participen de la realización del aborto.- Por su parte,
San Juan y Santiago del Estero, también adhirieron al fallo.
En San Juan se prevé la adopción de las pautas de la Guía del Ministerio de Salud de la Nación. Entre tanto, en
Santiago del Estero las autoridades declararon que las mujeres embarazadas, producto de una violación, tendrán la opción de practicarse un aborto, y que se está capacitando a médicos de 11 hospitales locales para aplicar un Protocolo de Violencia Sexual, para asistir integralmente a las víctimas.
Las negativas infundadas importan conductas cómplices del delito de violación:
Las negativas de algunas provincias a aplicar el fallo de la Corte resonaron y mucho.
La Pampa fue una de las jurisdicciones que dijo que no al aborto no punible sin autorización judicial previa.
El Ministro de Salud, Mario González, reconociendo no conocer el fallo, declaró que no se aplicaría ese criterio judicial a nivel local. Sin embargo, un comunicado oficial del Gobernador, desacreditó esas palabras, pues aseguró que la Asesoría Letrada está analizando el fallo para determinar qué medidas tomar. Aún no hay disposiciones concretas, pero tal postura es jurídicamente aberrante, pues
nadie puede arrogarse el derecho de ‘interpretar’ los fallos del más Alto Tribunal de Justicia del país último intérprete del texto constitucional.
Entre tanto, Francisco Pérez, Gobernador de
Mendoza, también
afirmó que el criterio de la Corte en el fallo del 13 de marzo pasado
sólo era aplicable a un caso particular. Su declaración produjo reacciones adversas. En particular, la Cámara de Diputados local, aprobó recientemente una resolución solicitando al Ejecutivo la aplicación de la sentencia del Alto Tribunal de la Nación. La resolución no contó con el apoyo de los legisladores del oficialismo.
Otra que se negó fue Neuquén. En esta provincia existe un protocolo que posibilita la realización de abortos no punibles en casos de embarazos producidos por una violación, pero sólo respecto de mujeres “idiotas o dementes”. Al respecto, el Ministro de Salud, Rubén Butigué, expresó que por el momento no se analiza la posibilidad de cambiar esa normativa, pese al fallo de la Corte.
Los silencios infundados:
Muchas provincias han guardado silencio con relación al tema del aborto no punible. Un caso particular es el de
Córdoba, pues su Gobernador, José Manuel De la Sota, aún no dijo nada sobre el tema, pero dos hospitales –dependientes de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC)- accedieron a realizar abortos no punibles. El Ministro de Salud local dio instrucciones verbales a los médicos, pero aún nada por escrito. En particular, el Hospital de Clínicas y la Maternidad que dependen de la UNC manifestaron, a través de sus autoridades, que en dichos establecimientos se respetaría el criterio sentado por la Corte. El Decano de la Facultad de Medicina, Gustavo Irico, aseguró que en ambos establecimientos ya funciona un protocolo de procedimiento que es acorde al fallo de la Corte y en el que se respeta el derecho de objeción de conciencia de los profesionales de la salud.
Entre tanto,
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tampoco se han generado declaraciones oficiales sobre el tema. Sin embargo, los diputados Gabriela Alegre, Juan Cabandié y Fernando Sánchez, presentaron por tercera vez, una iniciativa legislativa que prevé la regulación del aborto no punible, y cita expresamente el fallo de la Corte. Este proyecto, aunque con algunas modificaciones, ya había sido planteado en 2008 y en 2010.
A su vez,
Entre Ríos y
Tucumán tampoco tomaron posición sobre el asunto. Sergio Urribarri, Gobernador de Entre Ríos, admitió públicamente que aún no hay una decisión definitiva sobre el tema, mientras que José Alperovich, de Tucumán, sostuvo desconocer si era o no necesario el dictado de protocolos, afirmando no estar imbuido en la materia.- En
Santa Cruz, el Ministro de Salud, Daniel Peralta, manifestó públicamente que no había una decisión tomada en torno a la regulación del aborto no punible en casos de violación, pero sostuvo que la Guía del Ministerio de la Nación si era aplicada en esta provincia patagónica.-
Río Negro tampoco contó con declaraciones oficiales, aunque algunos legisladores locales se pronunciaron a favor del fallo de la Corte. En particular, Marta Milesi y Cristina Uría, presentaron un proyecto de declaración ante la Legislatura provincial. Asimismo,
San Luis tampoco se manifestó oficialmente sobre el asunto. No obstante, Yolanda Bertazzo, Jefa del Programa de Salud Sexual y Reproductiva, sostuvo que en esta provincia se cumplirían los lineamientos de la Corte, pese a que no había un protocolo porque el fallo era muy reciente.
Por su parte, en
Catamarca,
Jujuy,
Chaco y
Corrientes no se dieron a conocer declaraciones de autoridades locales sobre el tema. Aunque en el caso del Chaco, existe un proyecto de ley, que ingresó en 2007, en el que se prevé la regulación del aborto no punible para mujeres embarazadas producto de una violación.
* Ricardo V. CHELI
Desde Carta abierta La Pampa manifestamos nuestro pesar por la muerte de Eduardo Luis Duhalde, y rendimos homenaje a este luchador incansable por los Derechos Humanos. Abogado defensor de víctimas de la represión del terrorismo de Estado antes, durante y después de la última dictadura cívico-militar. 
Durante la presidencia de Néstor Kirchner, fue uno de los impulsores de los procesos abiertos contra centenares de represores y genocidas, además de promotor de una enorme cantidad de actividades por la memoria, la verdad y la justicia. 
