Cuando se habla de dictadura cívico militar, consecuencia del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, es porque hubo una alianza entre empresarios y militares. La dictadura y el plan económico implementado por Martínez de Hoz, llevó a que la cúpula empresarial ocupase un lugar central tanto en lo económico como en lo social.Un caso paradigmático fue el de la fábrica Ford de Pacheco entre marzo y mayo de 1976; de los 200 delegados hubo 25 secuestrados, algunos llevados de su casa y otros de la fábrica. Por declaraciones de los delegados que no fueron muertos, comentaron que las autoridades de la fábrica proporcionaban a los militares camionetas F100 para llevar adelante los operativos, pero no sólo se limitaron a esto y a proporcionar la lista de nombres de personas, sino también los carnets con las fotos de los trabajadores, con el objetivo de utilizarlos para la correcta identificación de sus detenidos.
Los militares actuaban a pedido de Galarraga, gerente de Relaciones Institucionales. , que meses antes de la caída del gobierno de Isabel Martínez de Perón, ante un reclamo laboral dijo textualmente a los sindicalistas: "Yo con ustedes no discuto más, y a partir de ahora denle mis saludos a Camps". Esto demuestra como ya se iba gestando el golpe del 24 de marzo y de que forma los empresarios estimulaban esto. Para los empleados, los responsables son Nicolás Enrique Courard, presidente y representante legal de la compañía Ford Motor Argentina SA; Pedro Muller, gerente de manufactura; Guillermo Galárraga, a cargo de la gerencia de Relaciones Industriales, y Héctor Francisco Sibilla, jefe de seguridad de la planta Pacheco que fue ascendido el 26 de julio de 1978, luego de los secuestros de obreros, al rango de teniente coronel. Sibilla una vez que se retiró del ejército fue contratado durante un tiempo por la Embajada de Estados Unidos
Esta probado judicialmente, que las fuerzas militares fueron autorizadas por los jefes de la planta a instalar en el campo de deportes de la planta de Pacheco una dependencia militar donde funcionó un centro clandestino de detención, muchos de los obreros secuestrados fueron llevados allí y torturados. El objetivo era deshacerse del personal “subversivo”, que para la empresa eran los más conflictivos de la fábrica y para sus compañeros luchaban por mejorar las condiciones laborales.
[1] Noemí Olivera
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