Sin embargo, debemos señalar que el rol promotor de políticas de regulación activas con fiscalización y control del propio Estado ha resultado pobre. Tampoco se ha verificado un plan estratégico de contenido sanitario que articule y potencie la capacidad del Estado para dirimir intereses en permanente conflicto.
El desempeño de ANMAT prácticamente limitado al registro de especialidades medicinales, la incapacidad manifiesta de la Superintendencia de Servicios de Salud de pautar y controlar la gestión de prestaciones farmacéuticas de las Obras Sociales Nacionales, el financiamiento de medicamentos de alto costo no ajustado a criterios científicos y sin discusión del precio por parte de la Administración de Programas Especiales y la falta de transparencia para la gestión de subsidios y reintegros, muestra la necesidad perentoria de que desde el Ministerio de Salud de la Nación se coordinen junto a sus organismos descentralizados acciones y políticas indispensables.
Los contratos más importantes de las obras sociales provinciales y la medicina prepaga han asumido el modelo PAMI- INDUSTRIA. Este acuerdo de los laboratorios con el PAMI, inaugurado en los 90´y perfeccionado en los últimos años, nos muestra como el PAMI transfiere a las cámaras empresariales la gestión del contrato de prestaciones farmacéuticas más importante de Latinoamérica.
El modelo de convenio está caracterizado por: subsidios a la oferta, aceptación del precio sugerido por el laboratorio para millones de afiliados, cobertura de medicamentos inútiles y de beneficios no probados, cartelizacion de laboratorios con respeto a la porción de mercado, club de oferta de medicamentos oncológicos y de alto costo, transferencia al centro de autorizaciones de la industria de la auditoria del Instituto, quiebre de la confidencialidad y la protección de datos personales de los afiliados, afectación del ejercicio profesional farmacéutico por imposibilidad de sustitución, y monopolización de la distribución de medicamentos de alto costo.
El camino político y sanitario para enfrentar el modelo, requiere decisión política y convicción para revisar este contrato y basar las decisiones de cobertura o compra desde el Estado y la Seguridad Social privilegiando la utilidad real del medicamento, protocolizando por patología según evidencia, promoviendo controles de calidad y fiscalización de la cadena de comercialización y generando convenios entre financiadores y prestadores, con sinceramiento del precio de los medicamentos y regulación del mismo para prestaciones con cargo 100% para el Estado o las obras sociales.
En un marco de esas características, la Producción Pública de Medicamentos (PPM) representa un área estratégica en Salud.
La aparición de la PPM se remonta a la época de Ramón Carrillo. A partir de ahí aparecen en escena laboratorios localizados en el ámbito nacional, provincial, y aún municipal. Los hay de distinta complejidad y potencialidades, ya que surgieron para resolver problemáticas de distinta índole.
Con el objetivo de que los laboratorios de PPM adquirieran mayor protagonismo, en setiembre de 2007 se formó una Red Nacional de Laboratorios de PPM (RELAP), un proyecto surgido en los mismos laboratorios que contaba con el soporte tecnológico del INTI y de otros colectivos de origen académico, social, político, gremial, de Ciencia y Tecnología, agrupados en la Multisectorial por la PPM. Esa red, constituida por unos 25 laboratorios, contaba con el aval político y la coordinación de la ex Secretaría de Ciencia y Técnica y contemplaba la vinculación con universidades nacionales y organismos de CyT, como instrumentos para articular producción de medicamentos con investigación y desarrollo, en las áreas que se considerara necesario.
Ese proyecto, fundamentado y racional, fue tomado orgánicamente por el Ministerio de Salud en su “Programa para la Producción Pública de Medicamentos, Vacunas, y Productos Médicos” (Resol. 286/ 2008) y tuvo un despegue tan prometedor como fugaz: fue desactivado a mediados de 2009, sin ninguna causa que lo justificara.
Frente a la necesidad social del acceso a los medicamentos que muestran beneficios reales para los problemas de salud a los que están destinados, existen dos alternativas:
1) Abastecer de medicamentos a hospitales, centros de salud, dispensarios, bancos de drogas del sector público, etc, a través de la compra a laboratorios locales o multinacionales, exclusivamente.
2) Abastecernos recurriendo a los laboratorios de PPM, según prioridades sanitarias explicitas que favorezcan la escala de producción
Priorizar solamente la compra implica: no utilizar la capacidad instalada obstruyendo el crecimiento de un instrumento público necesario; obturar desarrollos nacionales y regionales; quedar a merced del mercado, sean sus agentes nacionales o extranjeros; privarse de un instrumento capaz de establecer precios testigo sobre la base de costos, no hacer investigación ni desarrollo.
Por el contrario, abastecerse a través de la PPM implica: utilizar la capacidad instalada de los 38 laboratorios de PPM que hay en el país; resolver el problema de los medicamentos “huérfanos” - de probada acción terapéutica pero carentes de interés comercial para las empresas farmacéuticas; utilizar el conocimiento disponible para hacer investigación y desarrollos a través de convenios con universidades y organismos de CyT para estudios de biodisponibilidad, bioequivalencia, farmacovigilancia, síntesis de principios activos, etc.; centralizar las compras para obtener mejores precios en insumos, y coordinar la producción nacional para que los laboratorios no dejen de atender necesidades locales y regionales.
Por otra parte, la PPM es un instrumento formidable para la negociación y para generar precios testigo sobre la base de estructuras de costos y no de mercado como en la actualidad.
Por último, con laboratorios presentes en alrededor de 10 provincias, impulsar la PPM implicaría potentes desarrollos regionales.
Finalmente, la activación de la PPM es un proyecto de características interdisciplinarias que tendría un impacto fundamental sobre el sector científico-tecnológico, hoy débil, fragmentado y de escasa utilidad social. En efecto, la articulación de proyectos con universidades y organismos de CyT conduciría a solucionar la fragmentación institucional actual, nos daría soberanía tecnológica y absorbería RRHH calificados. Todos ellos problemas estructurales que es necesario corregir para generar un verdadero sistema de Ciencia y Tecnología, del que hoy carecemos.
Favorecer la utilización social del conocimiento y de la capacidad instalada sería profundizar el modelo resolviendo problemáticas propias, y construyendo soberanía tanto en Salud como en ciencia y tecnología.
En síntesis:
El Foro de Políticas Públicas de Salud de Carta Abierta, partícipe de las intensidades de este momento histórico, comprometido con los logros políticos, sociales y económicos de un ciclo abierto en el 2003 que es menester sostener y profundizar con los nuevos y antiguos desafíos que ahora resulta posible afrontar, y frente a las oportunidades que se abren en este año electoral, ha decidido intervenir en el debate, proponiendo como parte de la profundización del proyecto popular:
• Un sistema de salud que garantice la equidad social, territorial, étnica y de género como base para la construcción de una ciudadanía plena, compensando cualquier diferencia inadmisible cuando de proteger la salud se trata.
• Una política de salud basada en la recuperación de la soberanía sanitaria en términos de financiamiento, de producción de conocimiento, de inteligencia epidemiológica, de evaluación de tecnologías, de regulación democrática y de desarrollo de una producción pública de medicamentos.
“Estamos de acuerdo en que el cambio es necesario y ahora (…) Si pensamos las políticas de salud en términos de construcción colectiva de dignidad, de ciudadanía, de defensa de la vida misma, e incluso de alegría o nos resignamos al papel de consumidores más o menos afortunados de productos definidos por las conveniencias de los mercaderes del momento.” Mario Testa
Foro de Políticas Públicas de Salud
Email: forodesalud.cartaabierta@gmail.com
domingo, 15 de mayo de 2011
lunes, 9 de mayo de 2011
Reflexión a la muerte de Osama Bin Laden [1]
Ante la muerte de Osama Bin Laden cabe preguntarse ¿qué mentes cavernícolas pueden celebrar un aliento apagado por una muerte inflingida a un ser humano?; ¿quién puede demostrar alegría por segar una vida, aunque haya derribado unas inmensas torres repletas de gente y sembrado el terror por la faz de la tierra?. Nadie tiene el derecho de gozar con una muerte aunque sea la causa de muchas tragedias y, menos aún, en franca actitud vengativa. Ese satisfacción, además de éticamente escasa y censurable, es contraria a la naturaleza del hombre.- Los seres humanos ni siquiera somos dueños de nuestras propias vidas, menos de las ajenas y si en verdad hay situaciones en los que sea necesario recurrir a tal extremo para salvaguardar la vida de otro u otros, ello jamás debiera dar pábulo al júbilo.
Si hay en el mundo una mente enferma de fanatismo que con su poder genera daños a otros seres humanos, ello no deja de ser, en alguna medida, un fracaso de nuestra civilización sin duda alentada por venganzas por doquier estimuladas por otras mentes igualmente pequeñas.- Pero no todo, ni siempre, es revancha o represalia, también están allí presentes los intereses económicos que se debaten en el medio para poder sustentar, en beneficio de pocos, un sistema a escala global.- La violencia es la razón de las bestias y por lo tanto está en manos de los tiranos, ni de los terroristas más sanguinarios para imponer sus ideas; salir de la espiral de la violencia, cualquiera que sea su móvil u escenario, es uno de los mayores retos humanos.
Pienso que toda vida es sagrada, también la de Bin Laden y no hay razón alguna para poder justificar su muerte, menos cuando quienes lo fueron a buscar disponían de toda la tecnología para evitarla y detenerlo vivo para juzgarlo, la única justificación de la muerte hubiese sido que él mismo dispusiese de su propia humanidad.- De allí que el festejo de otros hombres en distintas naciones, televisando el jolgorio al mundo entero, no sólo repugna el sentido común sino que agranda la brecha entre las civilizaciones.- Las explicaciones de Obama, cual moderno remedo de Pilatos, hablándole a los familiares de las víctimas del 11 de septiembre cuando les dijo que se había “hecho justicia” demuestra una vez más la invalidez del Premio Nobel ¿de la Paz? que le regalaran, así como la perversidad del mensaje que deja a quienes participen de la idea:-“La muerte, señores, sigue siendo para los imperios una forma de hacer justicia dos mil once años después de la muerte de Jesús”.- No caben dudas que la palabra justicia queda muy grande en la boca de este diminuto ser humano y nadie en el mundo se merece “justicias” de estos calibres.-
Es absurdo pensar que un todopoderoso maneja esta suerte de reloj que fija la hora en que debe disponer de la vida de un persona como Bin Laden o de las vidas de tantos pueblos del mundo invadidos por EE.UU. actuando como imperio, que se jacta de serlo, cual mente superior impoluta, con la simple excusa que debe asegurar la no contaminación de ideas contrarias al capitalismo que predican.- Esta suerte de imparable y alienada “justicia” no puede asegurar ninguna convivencia en la tierra y, seguro y lamentablemente, dará origen a nuevas “venganzas”.
Sólo será válido y cabrá el festejo universal cuando haya caído la última bomba, cuando las armas no sean disparadas contra otros seres humanos, cuando podamos superar el paradigma de la confrontación entre la vida y la muerte y sustituirlo por el del debate de ideas donde nunca nadie pierde lo más valioso que tiene y lo identifica.- Por suerte una gran mayoría del pueblo argentino ha entendido que lo opuesto a la venganza es la búsqueda de la verdad y la justicia para combatir el terrorismo de estado. En este marco la juventud argentina se ha volcado a la participación en el debate de las ideas, aún a pesar de que lamentablemente quedan aún algunos dinosaurios de la política que siguen proponiendo y ejerciendo métodos violentos para combatir el delito y al mismo proyecto de liberación nacional que hoy encarna el Gobierno nacional.- Esperamos que el pueblo a la hora de votar haga tronar el pacífico escarmiento borrando del escenario público a estos verdaderos mensajeros de la violencia.-
[1] Ricardo V. CHELI
jueves, 5 de mayo de 2011
¿QUÉ TIENEN PARA OCULTAR LOS GRANDES EMPRESARIOS? [1]
Desde hace pocas semanas atrás los grandes diarios multimediáticos desde sus titulares y desde los canales de televisión que manejan, en especial en los noticieros y programas políticos, pretenden generar preocupación en los argentinos hablando del avance del Gobierno en una supuesta ‘estatización’ de empresas privadas.- Más allá de lo bueno o malo que resultaría tal tipo de medidas, más concretamente, la decisión de nacionalizar algunas empresas para proteger sectores muy sensibles de la producción (combustibles, transportes, energía, etc.), no es eso lo que comentamos.- Todo comenzó cuando un decreto del poder Ejecutivo eliminó el tope de participación que tenía el Estado en los directorios de las empresas privadas y estableció que el ANSeS desde ahora puede colocar tantos representantes en las compañías como lo permita la proporción de su tenencia accionaria. A través del Decreto de Necesidad y Urgencia, el representante estatal pasará a tener voz y voto en las decisiones de los accionistas privados. Entre las empresas en que se pueden sumar más representantes, hay petroleras, gasíferas, eléctricas, bancos, compañías de alimentos, de indumentaria, de comunicación y de transporte.
Dicha medida procura, como es lógico suponer, aunque los medios de prensa lo oculten, es -entre otros objetivos estratégicos del Estado-:
b)-redireccionar el crédito hacia las PYMES;
c)-Frenar la extranjerización de las empresas nacionales y,
d)-Apuntalar las inversiones en áreas estratégicas.-
A ello se agrega como acción complementaria, la necesidad de poner la lupa en los balances de tales empresas, que muchas veces perjudican la recaudación y los aportes a la Seguridad Social. Es claro y evidente que a los dueños de las empresas más grandes les gusta que el Estado ponga plata para favorecer sus negocios, pero no aceptan que se les pida ver sus cuentas. La AEA y la UIA cuestionaron el avance de la participación estatal. Distinta fue la reacción de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios –APYME- y de los titulares de los Directorios de algunos Bancos, quienes expresaron que la presencia del Estado en esas empresas debe garantizar el control de gestión, sostener la reinversión de utilidades en el país y vigilar la formación de precios. La pregunta que se nos ocurre entonces, no es muy singular, porque se cae de madura: ¿Qué tienen escondido estos empresarios que quieren ocultar?
[1] Ricardo CHELI
lunes, 2 de mayo de 2011
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