* Publicada en diversos
diarios españoles
"Rechazo
frontalmente la sentencia que me ha sido notificada en el día de hoy. Lo hago
por entender que no se ajusta a derecho, que me condena de forma injusta y
predeterminada. He trabajado contra el terrorismo, el narcotráfico, los
crímenes contra la humanidad y la corrupción. Lo he hecho con la ley en la mano
y en unión de fiscales, jueces y policía. En este trabajo, siempre he cumplido
con rigor las normas, he defendido los derechos de los justiciables y de las
víctimas en situaciones muy adversas.
Ahora y a lo largo de
este procedimiento, mis derechos han sido sistemáticamente violentados, mis
peticiones de defensa desatendidas, el juicio oral una excusa, cuyo contenido
ha sido utilizado sólo contra mí, prescindiendo de los elementos favorables que
me beneficiaban, para, con ello, poder dar forma a una sentencia que ya estaba
anunciada desde hace meses.
Mi actuación en el
denominado caso Gürtel, se ajustó a la ley y en su desarrollo, tomé todas las
medidas para garantizar el derecho de defensa y la investigación de delitos muy
graves relacionados con la corrupción, partiendo de los contundentes indicios y
para evitar la continuidad delictiva de blanqueo de dinero de los jefes
mafiosos que utilizaban, como ya lo habían hecho antes, a los abogados
designados.
Se me ha impedido
aportar las pruebas que lo demostraban y se ha prescindido de la implicación y
participación de abogados en la trama. La afirmación que se contiene en la
sentencia para justificar el supuesto dolo de que “la inclusión de la cláusula
previniendo el derecho de defensa dejando a un lado su efectividad, revela que
sabía que su resolución afectaba a este derecho” es una aberración que
contradice todo el sentido de la misma y se utiliza para eliminar la base de mi
absolución. La sentencia no dice en ningún momento cual es el daño producido en
el derecho de defensa y no lo dice sencillamente porque no existe. Lo inventa.
Así mismo falta a la verdad cuando se dice que no se ejecutó la medida de
salvaguardar dicho derecho, cuando personalmente me cuide de garantizarlo y así
lo avalan las pruebas practicadas e ignoradas por el tribunal.
Esta sentencia, sin
razón jurídica para ello ni pruebas que la sustenten, elimina toda posibilidad
para investigar la corrupción y sus delitos asociados abriendo espacios de
impunidad y contribuye gravemente, en el afán de acabar con un concreto juez, a
laminar la independencia de los jueces en España.
Acudiré a las vías
legales que correspondan para combatir esta sentencia y ejerceré todas las
acciones que sean pertinentes para tratar de paliar el perjuicio irreparable
que los autores de esta sentencia han cometido."
Madrid a 9 de febrero
de 2012.- B.G.R
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