En estos días se han dado cortes de luz, lo que ha provocado un estado de malestar general, no solo debido a los intensos calores sino también por lo que significa en pérdida de alimentos para aquellos que no los pudieron mantener refrigerados.
La historia de la prestación de servicios eléctricos en nuestro País nos dará una visión de las causales de esta situación y a su vez, podríamos preguntarnos sobre la eficiencia de las empresas que transportan la energía o si es necesario que vuelvan al Estado como Aerolíneas Argentinas, YPF y las jubilaciones.
Todo comienza por el año 1887, momento en que se establecen los primeros prestatarios de origen privado. En el año 1901 fueron absorbidas por la C.A .T.E. (Compañía Alemana Transatlántica de Electricidad) que en 1907 recibió una concesión municipal por cincuenta años, posteriormente esta empresa fue transferida a la C.H .A.D.E. (Compañía Hispano Argentina de Electricidad) que en 1936, afectada por las consecuencias de la guerra civil española, se transforma en C.A.D.E., (sociedad de capitales suizos). Pero antes en 1912 se instaló Italo Argentina (CIAE), que en realidad pertenecía a un holding Suizo, Motors Columbus, que también recibe una concesión bajo cláusulas de revisión (es decir la restitución al dueño primario). En el año 1962 debía volver al Estado, pero la empresa con una prestación muy deteriorada sigue en funcionamiento hasta febrero de 1975, año en que se la interviene, siendo su director JOSE MARTINEZ DE HOZ. A lo largo de la dictadura cívico militar se aumenta las tarifas, pero no se mejoran los servicios, en 1978 el gobierno de la dictadura nacionaliza Italo Argentina, haciéndose cargo de la deuda que mantenía la Italo , esto suma más deuda externa. Italo es integrada a SEGBA. Pero antes, en el año 1959 durante el gobierno de Arturo Frondizi ante la necesidad de unificar y federalizar las prestaciones que hasta ese momento dependían de concesiones municipales, con una estructura obsoleta se crea SEGBA: Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires. Esta es una empresa pública argentina, encargada de la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica en el Gran Buenos Aires, incluyendo naturalmente a la ciudad de Buenos Aires y su conurbano. En una primera etapa SEGBA fue mixta: el estado Nacional tenía el 80% de las acciones, hasta 1961, año en que el Estado adquiere el 100% de las acciones.
En el año 1973 SEGBA, durante el gobierno de Cámpora y el tercer gobierno de Juan D. Perón se inicia una etapa de autogestión, se designa como Presidente de SEGBA a Juan José Taccone, miembro del Sindicato Luz y Fuerza de Capital Federal. El Sindicato Luz y Fuerza resolvió en asamblea que los fondos acumulados en el Banco de Desarrollo pasaran, igual que el aporte del 1% de sus remuneraciones, a SEGBA para la financiación de sus planes de obras, específicamente en su acción social.
Durante el periodo de autogestión se ejecutaron el 80% de los planes de obras previstos, hubo entregas record de energía eléctrica a la red (2.675.000 usuarios). Los días en los que no se cubrió la potencia eléctrica se redujeron de 166 en 1973 a 14 días en 1975. No se tuvieron conflictos gremiales generales ni se produjeron sabotajes. El 24 de marzo de 1976, el gobierno de la dictadura cívico militar designa como Delegado Interventor a José Alcides Rodríguez, Capitán de navío y a partir de julio, al contralmirante Félix Imposti. La primer medida tomada fue finalizar la experiencia de autogestión de SEGBA. Se dio de baja al personal más comprometido en los valores solidarios de la empresa y se secuestró y asesinó a 11 trabajadores. Uno de ellos fue Oscar Smith, Secretario General de Luz y Fuerza, Capital Federal.
Pasan los años y el 19 diciembre de 1991, durante el gobierno de Carlos S. Menem, se aprueba la Ley 24065 en la que se instrumenta el "Marco Regulatorio Eléctrico" y sus decretos reglamentarios, estableciendo los lineamientos y pautas principales para la reestructuración y privatización de la industria eléctrica.
En general, el nuevo marco regulatorio estableció una desintegración vertical del negocio en tres segmentos: la generación, la transmisión y la distribución eléctrica. A la vez, sentó las pautas para una desintegración horizontal de las grandes empresas del Estado, que permitieran su posterior privatización.
Así fue que la empresa estatal SEGBA quedó dividida en siete unidades de negocios: cuatro empresas generadoras y tres distribuidoras, EDESUR (Electricidad Distribuidora Sur), EDENOR (Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte) y EDELAP (empresa distribuidora de energía La Plata ). El proceso de privatización comenzó en febrero de 1992 con la venta de las unidades de generación de SEGBA y posteriormente con las empresas de distribución, en julio de 1992.
Las principales empresas accionistas de Edesur, tienen sus sedes en Santiago de Chile (Enersis), Madrid (Endesa), y, a su vez, son controladas desde Roma (Enel).
El principal accionista de Edenor es Marcelo Mindlin, financista enriquecido en los años 90 y titular del holding Pampa Energía. Edenor tuvo un EXCELENTE año 2013 en la bolsa: entre enero y octubre el valor de sus acciones trepó un 370%.
Puntualmente, Edenor y Edesur, que operan exclusivamente en el Área Metropolitana, representan un 40% del negocio, brindando servicio a más de cinco millones de usuarios.
La privatización de la Empresa SEGBA favoreció a aquellas que se hicieron cargo de la concesión del servicio eléctrico ya que mantuvieron sus tarifas virtualmente dolarizadas, merced a la Ley de Convertibilidad que regía en aquel entonces. Pero, además, contaron con la posibilidad de indexar sus tarifas de forma semestral mediante un índice que combinaba dos tipos de inflaciones, la minorista y la mayorista de los Estados Unidos de Norteamérica. Esta última medida posibilitó que las facturas de luz continuasen subiendo incluso en los años en los que en Argentina se experimentaba una deflación a raíz de la recesión.
Para 1999 se cumplía el séptimo año de la privatización, 15 de febrero, comenzó el mayor apagón de la historia de la ciudad, el cual duró once días y afectó a más de 600 mil porteños, esto demostró la falta de inversiones a pesar de los incrementos de la tarifas. Los cortes se fueron sucediendo en inviernos y veranos, épocas de mayor necesidad de consumo.
Es necesaria una fuerte presencia del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), cuyos objetivos, entre los que se cuentan “alentar la realización de inversiones privadas en producción, transporte y distribución”, pero las empresas no están respondiendo a las necesidades de calidad y entrega del servicio. A pesar de esto, el Ente Regulador de Energía Eléctrica hace ya un año (mediante la resolución 347/2012) creó un fondo fiduciario: el Fondo para Obras de Consolidación y Expansión de Distribución Eléctrica (FOCEDE), sumando un monto fijo en las boletas de luz (el 72 por ciento de las familias paga un adicional de 10 pesos por bimestre, y el resto un poco más) con el fin de destinar esos recursos extra a un fideicomiso destinado a financiar obras de infraestructura en distribución, definidas por el Estado y ejecutadas por los concesionarios. Son unos mil millones de pesos al año depositados en el Banco Nación, repartido casi en mitades entre Edesur y Edenor. Las distribuidoras debieron elaborar un plan de obras, expresado en términos físicos y monetarios, y cuyos lineamientos fueron determinados en el contrato de ese fideicomiso. Al 28 de noviembre pasado, Edesur tenía sin ejecutar unos 70 millones de pesos, y Edenor, 205 millones de pesos.
Lo contradictorio es que tras los recientes cortes de luz experimentados en la Ciudad de Buenos Aires, desde la firma Edesur volvieron a sostener que las razones por las que era “muy difícil prestar un servicio de calidad”, tenían que ver con el hecho de que “la tarifa en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires es la más baja de toda Latinoamérica”. En realidad lo que sucede es que la tarifa en Argentina no está dolarizada, sino que se establece según los costos de producción. Las distribuidoras no reciben directamente el subsidio, pero compran a las generadoras la electricidad a una tarifa subsidiada que llega a la mitad del costo, gracias a la cual pueden maximizar sus ventas, lo que les reporta mayores ganancias.
El Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina (CEFiDAr), indica que el quinto por ciento más pobre de la población recibía para 2010 sólo el 6,4% de los subsidios estatales al sistema eléctrico, mientras que el quinto más rico obtiene el 42,7%. Es fundamentalmente, por esta razón, que son pocos los que pueden negar la necesidad de una corrección en las tarifas eléctricas para aquellos particulares y empresas que puedan absorberlas, en este último caso sin necesidad de trasladar los costos para obtener aceptables márgenes de ganancia. El eslabón débil de la cadena eléctrica es la distribución, existe generación de energía suficiente y una red de transmisión, ampliada por inversiones fundamentalmente estatales (y escasamente privadas), por casi 90 mil millones de pesos en los últimos diez años.
Es por eso que el Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich decía que sino se mejora el servicio, El Estado tomará la cadena de distribución.
El Estado ha demostrado que cuando se re-nacionalizó Aysa, Aerolíneas Argentinas y la jubilación los resultados fueron positivos.
(1) Noemí S. Olivera
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