*Compañeras y Compañeros:*
Adjuntamos la declaración del Espacio
Carta Abierta ante los recientes levantamientos policiales y los cortes de luz,
de acuerdo a lo consensuado en la asamblea del sábado 20 de diciembre.
Cordiales saludos.
*EQUIPO DE COMUNICACIÓN ESPACIO CARTA
ABIERTA*
Los festejos por los 30 años de
democracia se vieron empañados por los recientes conflictos policiales: el
levantamiento sedicioso de una policía provincial, que se inicia en la Pcia de Córdoba pero que con
rapidez inusitada se transforma en un movimiento de escala nacional. Más allá
de la diversidad de razones que pueden concurrir en su inicio, lo inadmisible
es que las policías, que deben ejercer el control armado de la seguridad ciudadana,
delegación de la potestad del monopolio de la fuerza del Estado democrático,
dejen inerme a la población frente a la delincuencia y a la violencia provocada
y notoriamente sincronizada. Sustraer a los gobiernos de la República , legítimamente
constituidos, de su capacidad de mantener el orden público, con las
consecuencias que el país entero padeció, implica un grave quiebre del orden
institucional, agravado por las comprobadas circunstancias de creación de zonas
liberadas a los saqueos, con sectores policiales en el aliento y hasta la
participación en la generación de los desmanes y los hechos de violencia.
Derivas de la corrupción y la complicidad con grupos delincuenciales y
principalmente el narcotráfico, evidenciados en los sucesos antes precedentes
en Córdoba y Santa Fe, que culminaron con el descabezamiento de sus policías
provinciales.
Esta secuencia de alzamientos
policiales provinciales y su coordinación creciente en escasos días dejó al
descubierto su gran capacidad de desestabilización institucional y, por tanto,
su margen para condicionar el funcionamiento democrático bajo la amenaza de
abrir las puertas a un caos instigado que pone en jaque el propio
entrelazamiento social, cuestión esta última que deberá ser materia de diversas
reflexiones. Las policías provinciales, o gran parte de ellas, han transitado
la recuperación democrática y estas tres décadas de Democracia sin mayores
cambios estructurales, y su funcionamiento roza frecuentemente graves denuncias
vinculadas al narcotráfico, la trata de personas, y otros delitos complejos,
complicidad con poderes locales, y la comprobación de innumerables casos de
gatillo fácil.
La profundización democrática que
transita desde 2003 nuestro país requiere de los gobiernos provinciales en
coordinación con el gobierno nacional, una estrategia que avance
sistemáticamente en este sentido, ante la configuración de un diciembre
atravesado por la emergencia del conflicto social.
Tan sólo faltaba la Capital Federal.
En medio de la ola de calor crece el descontento de los porteños por los cortes
de luz que desaprensivamente provocan las empresas distribuidoras de energía
que no realizaron las inversiones en infraestructura necesarias ante un
escenario de incremento de consumo energético previsible. Contradicción propia
de la fuerte demanda del mercado interno por el crecimiento de la economía y la
persistencia de la infraestructura extranjerizada, heredada y deteriorada.
Caldo de cultivo para que los medios de comunicación,
aún concentrados, estimulen la irritación y difundan multiplicados una oleada
de rumores. Bastó que apareciera un puñado minúsculo de provocadores, asumiendo
el rol de saqueadores, para que en la zona del Once porteño, se produjese un extendido
cierre de comercios en medio de un temor que se desparramó como espesa mancha
de aceite en la tarde del miércoles.
Dijimos en nuestra Carta 3 (junio de
2008), en medio de la amenaza desatada durante la 125: “Parece haber triunfado
la ‘operación’ sobre la obra, el parloteo sobre el lenguaje. ‘Clima
destituyente’ hemos dicho para nombrar los embates generalizados contra formas
legítimas de la política gubernamental y contra las investiduras de todo tipo.
Una mezcla de irresponsabilidad y de milenarismo de ocasión…”
Carta Abierta, como parte del
movimiento nacional, cree necesario pronunciarse y actuar con energía en
defensa de la seguridad ciudadana y la estabilidad democrática, el libre juego
de la política y la subordinación plena de las fuerzas de seguridad. Es la
perspectiva, ya no sólo de este modelo, lo que está en juego, sino la
convivencia democrática que se deteriora frente al chantaje que otras formas
del uso y no uso de las armas le imponen. Policías bravas y su asociación con
la violencia en el control de los territorios, dibujan una sombra ominosa
propicia para las aventuras desestabilizadoras.
Expresamos nuestro rechazo a la
tentación del uso de las Fuerzas Armadas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) para
intervenir en la política de seguridad interior. Ello está interdicto y debe
seguir estándolo, en la legislación nacional construida por amplias mayorías
democráticas. Esta política se enfrenta a la sostenida en el hemisferio por los
Estados Unidos, que buscan fusionar las FFAA latinoamericanas con las
policiales y convertirlas en una fuerza de represión ocupante de su propio
territorio, asesorada por las agencias del propio gobierno de Washington.
Resulta imprescindible ir a fondo en la
investigación de lo sucedido y la actuación de la Justicia. Se impone
una pronta reestructuración y depuración de las policías provinciales,
emprendida y abandonada en distintas oportunidades en la Pcia. de Buenos Aires. El
estado actual de estas instituciones constituye una rémora del pasado
dictatorial, incompatible con el proceso de democratización transcurrido en
estos 30 años que legítimamente quisimos festejar. El Acuerdo para una
Seguridad Democrática es una vía a reabrir por su carácter convocante del
conjunto de la sociedad argentina.
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