Además de los mecanismos de información pública por los cuales los gobernados verifican y fiscalizan la acción de los gobernantes, hay una contracara imprescindible que se denomina responsabilidad social en la teoría política.- Es un concepto inglés que tiene que ver con el control de las autoridades a través de las actividades de asociaciones de la sociedad civil, movimientos ciudadanos y medios de comunicación. Con el sistema establecido por ley lo que se logra es una comunicación constante y cotidiana entre sociedad civil y Estado. De esta manera el vínculo entre ambos no se da únicamente en los procesos electorales.
Hoy por hoy existen dos formas de control de los representantes: Por un lado, el control intra-estatal, es decir, la existencia de ciertos organismos de gobierno que tienen autoridad legal y competencia para limitar y controlar la gestión de otros organismos del Estado, que pueden ser, a su vez de dos tipos, uno interno de cada poder (Fiscalía de Investigaciones administrativas o Tribunales de cuentas o Fiscalía de Estado – en algunos casos también lo son intra-estatal-) o, el control entre poderes, por ejemplo el Poder legislativo o el Poder judicial respecto del Ejecutivo.- Este último es el que se denomina división de poderes con sus sistemas de frenos y contrapesos y el otro, el vinculado a las instituciones con que cuentan las democracias contemporáneas: las agencias de supervisión (auditorías, defensorías, contralorías, fiscalías y órganos afines).
Pero también en la democracias modernas, que no precisamente es la de EE.UU., sino las europeas, existe el sistema del que hablamos, es decir en del control o responsabilidad, llamado por algunos politólogos como responsabilidad social “vertical”. Este consiste en todos los mecanismos con que cuenta la sociedad civil (las asociaciones civiles, las ONG´s, los medios de comunicación, los gremios, los defensores del consumidor, etc.) que funcionan como instancias políticas de conexión entre el ciudadano común y su representante. Un grave problema se manifiesta cuando este tipo de mecanismos pasan a estar controlados por funcionarios públicos o por ciertos aparatos de gobierno. Hoy podríamos ejemplificar esta problemática con la relación que se da actualmente entre el sector sindical y el Estado nacional. Y si este sistema de control vertical no funciona, se produce una sutura porque ya no hay un ida y vuelta entre el Estado y la Sociedad Civil. Esto ocurre también con los medios de comunicación cuando en lugar de exigir información respecto a la gestión pública, pasan a reproducir el discurso del gobierno de turno como ocurre en muchos canales de televisión, como el canal oficial de La Pampa.-
Quienes desde Carta abierta hemos levantado banderas de representación no formal de quienes no tienen voz, debemos bregar porque se implementen medios que transparenten cada vez más la gestión pública y, entre ellas las de los propios sistemas de control interestatal que deben fiscalizar la función pública.
Por eso instamos a que cada ciudadano ejerza esta responsabilidad pero no, quedándose en la mera crítica de lo que considera equivocado o que el gobierno no cumple, sino que tiene que ver con fomentar ámbitos de diálogo e intercambio de ideas, para que la gestión no sea a voluntad del funcionario sino, producto del compromiso asumido en la campaña y del aporte que hagan los ciudadanos interactuando con el mismo.- Ello acabará con candidatos que carecen de planes previos de gobierno y sólo aportan su foto o promesas personales para que los voten.- De allí que desde nuestro espacio busquemos la participación ciudadana en todos los niveles del gobierno futuro, provincial y especialmente de las Municipalidades y Comisiones de fomento del interior pampeano.- Las comunas son, para la sociedad, espacios mucho más accesibles que cualquier otra instancia de gobierno y es donde más se puede intervenir e incidir, en formal real, en las políticas públicas y en las decisiones de gobierno . Los clubes, las ONG´s, las sociedades de fomento, las cooperadoras escolares, son -como los partidos políticos y los sindicatos-, espacios de encuentro de la comunidad que además de poseer metas particulares de las más variadas, funcionan como comunicadores entre la sociedad civil y los funcionarios y facilitan conocer las necesidades de la ciudadanía, establecer prioridades, diseñar soluciones y ejercer el control de gestión.
No hay mejor modo de construir una gestión transparente que obligando a que el funcionario explique qué va a hacer con los recursos públicos, explicando qué hace y cómo, cuando lo esté haciendo, sin que aparezca luego y tardíamente la necesidad de aclaraciones o epílogos, generalmente sin efecto alguno, cuando ya concluyó la gestión.
LA INFORMACIÓN PÚBLICA ES TAMBIÉN DERECHO HUMANO.-
Permanentemente se lee en los medios periodísticos todas la trabas y las vastedad de argumentos que se utilizan por los funcionarios para oponerse o retacear la información que manejan en su dependencias.- Hoy el acceso a la información pública constituye un derecho humano fundamental, reconocido no sólo en algunos regímenes jurídicos nacionales, los más avanzados, sino también en la mayoría de los sistemas jurídicos de otros estados. Ello permite que toda persona, y no sólo los funcionarios o el periodismo, acceda a la información que consta en registros, archivos, expedientes, etc. y que se halla normalmente en poder de autoridades públicas o privadas que llevan adelante funciones públicas.-
Pero la cuestión no queda aquí, en la actualidad ya no alcanza con que el Estado autorice el acceso de los interesados a esa información o que se cuente con legislación que establezca los modos de acceso a los datos públicos o los amparos legales para los casos, que a pesar de la ley, se retacea su conocimiento.- Hoy se impone un nuevo paradigma que es el que sustenta nuestro título y que algunos la denominan de la información pública positiva.- O sea que la propia administración pública, por su propia decisión o por imposición legal, debe poner en conocimiento de los ciudadanos -como muestra real de transparencia de los actos de gobierno y sin afectar derechos de terceros-, no sólo la información mínima, que es la que se publica en el boletín oficial, sino toda la que dispone, porque la información pública, se insiste, no es de propiedad del Estado o de sus funcionarios, sino del pueblo.
Precisamente la puesta en vigencia de este nuevo derecho, al que hacemos referencia, ha sido y es la causa eficiente de muchas investigaciones jurídicas y periodísticas que no sólo permiten saber cómo administran los funcionarios, sino también porque ello se compatibiliza con otras garantías y derechos humanos fundamentales que las más de las veces se observan violados, pero que se ignoran las causas o razones que conducen a que no se cumplan los servicios.- Hoy con las nuevas tecnologías de archivo de la información ya no existen excusas para no facilitar el acceso y el ejercicio de esta garantía constitucional, permitiendo que el ciudadano pueda controlar al gobierno en el mismo momento de la ejecución de sus actos y no después de mucho tiempo cuando el incumplimiento de los deberes por los funcionarios está prescripto.-
[1] Ricardo Víctor Cheli
"Para el pueblo lo que es del pueblo,
porque el pueblo se lo ganó.
Para el pueblo lo que es del pueblo;
para el pueblo INFORMACIÓN."
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